¿QUÉ EMPRESAS DEBEN CONTAR CON UN DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS?

Un delegado de protección de datos (DPD) es una figura que se encarga de garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos en una entidad. También se le conoce como Data Protection Officer (DPO) en inglés.

FIGURA DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

El DPD es responsable de supervisar el tratamiento de los datos personales en una empresa o entidad, y de asegurarse de que se respeten los derechos de los titulares de esos datos. En base al artículo 39 del RGPD, entre sus funciones se encuentran:

  • Asesorar y formar a la organización en materia de protección de datos.
  • Vigilar el cumplimiento de la normativa de protección de datos.
  • Gestionar las solicitudes de los titulares de datos para ejercer sus derechos.
  • Cooperar con las autoridades de control de protección de datos.
  • Realizar evaluaciones de impacto de privacidad.

El DPD debe ser independiente en el desempeño de sus funciones y estar en contacto con todos los departamentos de la organización que traten con datos personales. En algunos casos, la designación de un DPD es obligatoria por ley, especialmente en empresas y organizaciones que tratan grandes cantidades de datos personales.

OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

En base al artículo 37 del RGPD, la entidad debe nombrar un Delegado de Protección de Datos siempre que el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial; las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, o las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales.

Por otro lado, y relación a dicho Reglamento, la LOPDGDD, establece un listado exhaustivo que viene a aclarar que entidades deben nombrar a dicha figura:

  • Los colegios profesionales y sus consejos generales.
  • Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas.
  • Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala.
  • Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio.
  • Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
  • Los establecimientos financieros de crédito.
  • Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
  • Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores.
  • Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de gas natural.
  • Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos.
  • Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes. Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual.
  • Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas.
  • Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego.
  • Las empresas de seguridad privada.
  • Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.

No obstante, lo anterior, aunque una entidad no se encuentre en ninguna de las categorías anteriores, se puede optar por designar voluntariamente a un DPD para garantizar una gestión adecuada y segura de los datos personales.

MULTAS O SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

En base al artículo 73.v) LOPDGDD, no contar con dicha figura siendo exigible, se considera una infracción grave. 

Por otro lado, en base al artículo 83 RGPD, se podrán imponer sanciones administrativas por dichas infracciones con multas administrativas de 10 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior.

Es importante tener en cuenta que la sanción dependerá de la gravedad de la infracción y de otros factores, como la cooperación de la organización con las autoridades de protección de datos.

Si aún no tienes claro si necesitas nombrar un Delegado de Protección de Datos (DPD), desde DE BLAS LEGAL, te brindamos asesoramiento en la materia y ayudamos a tomar las mejores decisiones para tu entidad. 

 

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